Históricamente una de las primeras ideas correctoras del proceso de oligarquización de las democracias fue la creación desde la sociedad civil de otro poder, de un poder distinto de los tres poderes clásicos, lo que se llamó “cuarto poder”.
Los tres poderes clásicos son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que, según Montesquieu, deben estar repartidos entre personas diferentes para garantizar la libertad. El “cuarto poder”, la prensa escrita, se presentaba inicialmente como una forma de ampliación del punto de vista de Montesquieu. Se pensaba que así se podría contrarrestar la invasión de los poderes legislativo y judicial, invasión que en la práctica, en la vida real, suele producirse por extensión del poder ejecutivo o gubernamental, que es el primer y principal poder político. Y en este sentido se dijo a veces que la finalidad principal de la prensa escrita (y más tarde de la comunicación audiovisual) es la formación de la opinión pública. Ya esa finalidad, la formación de la opinión pública, entra en conflicto con uno de los objetivos principales de los poderes legislativo y ejecutivo, pues se consideraba que formar o educar a los ciudadanos también es tarea de éstos (a través de la educación reglada, regulada o institucionalizada).
En efecto, esa tarea había sido asumida casi en exclusiva por el estado, o compartida, según los países, por instituciones privadas (religiosas o laicas) de enseñanza en sus distintos niveles. Para salvar este conflicto se suele distinguir a veces entre educar o instruir a los ciudadanos (que es lo que se haría, sin ánimo de adoctrinamiento, en los centros de enseñanza) y formar la opinión del público, lo que quedaría limitado, precisamente, a asuntos opinables (mayormente políticos o ideológicos). Pero esa distinción, que en la práctica era ya muy difícil de mantener en los orígenes de la prensa escrita, cae por completo con la ampliación de los medios de información y comunicación. Tanto es así que hoy en día, incluso en lo que concierne al ámbito de la instrucción o educación, se hace ya difícil decidir qué es más decisivo: si la enseñanza reglada (pública o privada) o lo que se transmite a través de los medios de comunicación (particularmente a través de la televisión o de Internet). Se puede hablar de “cuarto poder” desde el punto de vista de una teoría formal y procedimental de la democracia que atiende sólo a la división de poderes constitucionalmente aceptados. Pero si atendemos, en cambio, a la constitución material, no sólo formal, esto es, a la realidad de las cosas en las democracias realmente existentes, hay que reconocer que existen también otros poderes, señaladamente: el poder militar (sólo parcialmente sometido a los gobiernos y parlamentos), el poder económico (sólo indicativamente controlado por los otros poderes del estado), el poder de las corporaciones profesionales (que actúan como grupos de presión relativamente independientes de los otros), el poder de la burocracia (no siempre dependiente de los gobiernos y de los parlamentos), el poder de los sindicatos (no siempre dependiente de algunos partidos políticos), etc. Estos otros poderes, y particularmente el militar y el económico, son calificados a veces de “poderes fácticos”, sugiriendo así que son poderes de hecho, por debajo o por encima de los poderes formalmente reconocidos.
Cuando el ”cuarto poder” es parte del Poder
se sigue que la potenciación del “cuarto poder” en la forma en que lo conocemos no es ya un freno, si es que alguna vez lo fue, a las tendencias oligárquicas en el seno de las democracias representativas sino más bien parte de la aceleración del proceso, parte del problema. Pues, como indicó Les Browm, al hablar de los siete pecados capitales de la era digital, el poder mediático realmente existente hace aumentar aún más las desigualdades, distorsiona la formación de la opinión pública, desintegra las comunidades, establece una tiranía en los accesos a la comunicación, pervierte la noción de servicio público y distorsiona, en suma, la democracia.
Un ejemplo de distorsión flagrante de la democracia es lo que está ocurriendo con las cadenas públicas de televisión. Parece darse ya por supuesto que éstas tienen que depender, en casi todo lo importante, del poder ejecutivo, gubernamental. Son dirigidas por personas de confianza del partido gubernamental, las cuales proponen y fiscalizan la programación y en ocasiones hasta el personal colaborador. De ahí que los partidos de la oposición parlamentaria denuncien recurrentemente la manipulación e instrumentalización de los medios por parte del partido gubernamental. Pero cuando el resultado de tales o cuales elecciones generales produce la alternancia, la situación denunciada no cambia, solamente muta el color de la manipulación o instrumentalización. Ésta combina la transmisión directa de ideología (empezando por la ideología del fin de las ideologías) con la transmisión indirecta. Ya la organización del sumario de los telediarios, la selección de las imágenes que han de emitirse, su ubicación en el formato general de la programación de la mañana o de la noche, etc. vienen dadas por opciones ideológicas previas supuestamente desideologizadas por el lenguaje y el tono, la más de las veces neutro, que emplean los presentadores. Otro motivo más para que el porquero de Agamenón dude de la verdad que Agamenón transmite.
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